En un paso crucial hacia la regulación integral de las instituciones financieras digitales, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha emitido la normativa NCG N°502, que materializa la primera parte del reglamento correspondiente a la Ley Fintech (N° 21.521). Esta se centra específicamente en los Servicios Fintech, estableciendo condiciones y plazos para su registro y autorización. Sin perjuicio que esta es la más relevante para el ecosistema, junto con ella se emitió la NCG N°503 que imparte instrucciones sobre la acreditación de idoneidad del servicio de asesoría de inversión y otros, y la NCG N°504, que establece exigencias de información a quienes entreguen recomendaciones para adquirir, mantener o enajenar valores de oferta pública, o que impliquen la definición de precios objetivos, a que se refiere el inciso tercero del artículo 65 de la Ley N°18.045.
La normativa, que entrará en vigor el 3 de febrero de 2024, representa el resultado de meses de diálogo y discusiones públicas, consolidando diversos requisitos en un solo cuerpo normativo. Abarca aspectos cruciales como la inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros, autorización para la prestación de servicios regulados, obligaciones de divulgación y entrega de información a los clientes y al público en general, requerimientos de gobierno corporativo y gestión de riesgos, exigencias de capital y garantías, acreditación de capacidad operacional, y actividades inherentes a los servicios regulados.
La regulación se aplica a las alternativas de servicios Fintech, incluyendo plataformas de financiamiento colectivo, sistemas alternativos de transacción, intermediación de instrumentos financieros, enrutamiento de órdenes, asesoría crediticia, asesoría de inversión y custodia de instrumentos financieros.
En cuanto a la prestación de servicios de asesoría de inversión, la normativa establece que ninguna entidad podrá ofrecer dichos servicios a partir del 3 de febrero de 2024 sin estar inscrita en el Registro y autorizada por la Comisión.
Además, la CMF anunció la emisión de una normativa de acreditación que establece nuevas exigencias de información para aquellos que brinden “recomendaciones para adquirir, mantener o enajenar valores de oferta pública”. Esta medida busca fortalecer la transparencia y la protección de los inversionistas.
Se otorga un plazo de 12 meses, contados desde la fecha de entrada en vigencia, para que los prestadores de servicios Fintech se ajusten a las nuevas disposiciones y soliciten su registro y autorización. Aquellos que hayan iniciado el proceso previamente podrán continuar sus operaciones hasta que la Comisión resuelva las solicitudes. La excepción son los prestadores del servicio de asesoría de inversión cuyo plazo seguirá siendo el establecido en el inciso final de la sección de vigencia de la NCG N°494, esto es, antes del 3 de febrero de 2024.
¿Cuáles son los mayores desafíos?
Rodrigo Hayvard, Socio a cargo del Seguros y Reaseguros de Kennedys comenta que sin duda el mayor desafío es la implementación de las políticas y procedimientos del Capítulo IV sobre Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos, lo cual obligará a las entidades a acomodar su gobierno corporativo y gestión de riesgos a estándares similares a los aplicables a las compañías de seguros bajo la NCG N° 309 sobre gobierno corporativo y la NCG N° 325 sobre gestión de riesgos, lo que supone un trabajo complejo y de largo aliento que requiere de una mirada trasversal en base a la mejor experiencia en estas materias.
La CMF también adelantó que en una segunda etapa emitirá normas adicionales que establecerán los requerimientos de información para la fiscalización de los prestadores de servicios Fintech y la regulación del Sistema de Finanzas Abiertas.
Estos pasos reflejan el trabajo y compromiso continuo por fortalecer y supervisar el ecosistema financiero digital del país. La implementación de la normativa NCG N°502 no sólo marca un hito en la regulación de los servicios Fintech, sino que también resalta el carácter participativo y transparente de este proceso. La CMF llevó a cabo un proceso inclusivo que involucró 49 mesas de trabajo, con la participación activa de más de 200 representantes de 129 entidades interesadas en la materia, incluido InsurteChile. Este enfoque colaborativo subraya el compromiso de la CMF con un marco regulatorio robusto y adaptado a las necesidades del sector, fomentando así un entorno financiero digital seguro y eficiente para todos los actores involucrados.
Fuente:
https://www.cmfchile.cl/
